Víctimas incorporadas a catastro de violencia rural plantean sus expectativas de reparación

Marili Vallejos, Mariluz Balboa, Carmen Roa, Justo Gutiérrez, Álvaro Bernedo y Patricio Mardones tienen en común haber sufrido hechos de violencia rural en La Araucanía, entre 2008 y 2018. Desde fines de abril también comparten la incorporación al catastro definitivo de víctimas que prepara el Gobierno para establecer un plan de reparación. El registro ya cuenta con 276 afectados que formalizaron sus casos en Temuco, Angol y Ercilla.

Hasta ahora, Carmen Roa, viuda del parcelero Héctor Gallardo Aillapán, asesinado en 2012 por encapuchados en Ercilla, estaba excluida del programa de reparación a víctimas que desde 2017 financia proyectos a quienes han sido objetivo de atentados y que considera casos ocurridos desde el 1 de enero de 2014. Al partir la recolección de datos del nuevo instrumento, que levanta la barrera de los plazos, Roa fue la primera en inscribirse. Espera que el “Estado reconozca que falló” en brindar seguridad y que se le asignen recursos para “algún proyecto”.

Marili Vallejos, quien tiene su parcela usurpada por una comunidad mapuche que primero incendió su vivienda y maquinarias en 2008 en Collipulli, presentó su caso en Angol. A casi diez años del ataque, recalca que no ha recibido “ninguna compensación” y que su expectativa es que se le pague el valor de las 22 hectáreas que tiene tomadas.

Mariluz Balboa y su madre, Dina Reyes, de 90 años, han sufrido seis atentados, entre 2011 y 2016, a sus bosques de Collipulli. De ello dejaron constancia en Angol hace 15 días. “Sería ideal que nos reparen el daño producido”, expresa Balboa.

Álvaro Bernedo, quien perdió su casa y una camioneta en un ataque en Padre Las Casas, el 4 de julio de 2016, inscribió su caso en Temuco. Considera que todo lo que se haga por las víctimas, “siempre será útil, en la medida que podamos trabajar en paz”.

El más reciente de los afectados es Patricio Mardones, quien perdió 13 camiones y cinco retroexcavadoras en abril, avaluados en $1.000 millones, en uno de los mayores atentados contra vehículos desde 1997. Luego de entregar, en Temuco, los detalles del episodio que vivió, recalca que no busca compensación económica, pero sí “capital de trabajo”, vía préstamos blandos, y “menos burocracia” en el apoyo a las víctimas.

El contratista Justo Gutiérrez, quien hoy trabaja en Osorno, perdió sus camiones y una retroexcavadora en el verano de 2014, por $600 millones. Su mujer lo inscribió en Temuco. El año pasado calificó en el programa de reparación y recibió $50 millones. Por la cuantía de su pérdida, espera más recursos.

Ruth Hurtado, vocera de Mujeres por La Araucanía, reitera que “todas las víctimas serán inscritas en el nuevo registro”, más allá de que hayan recibido algún aporte estatal. Agrega que será el Gobierno, concluido el catastro, el que defina cómo concretará su plan de reparación, pero considera apropiado priorizar a quienes jamás han obtenido apoyo.

 

Fuente Economíaynegocios.cl

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